Sicor Seguridad El Corte Inglés y Secoex retiraron las ofertas ante el riesgo de tener que asumir a los trabajadores de la última contrata / La falta de adjudicación del servicio provoca que sean agentes de la Guardia Civil los que asuman estas funciones

El Ministerio del Interior ha declarado desierto nuevamente el procedimiento para la contratación de los servicios de seguridad privada en los centros penitenciarios ubicados en las comunidades autónomas de Madrid, Castilla La Mancha y Extremadura, al haber renunciado finalmente las dos empresas que habían sido propuestas para la adjudicación.

En una resolución fechada el pasado viernes, la Secretaría de Estado de Seguridad da por terminado el procedimiento de licitación por no existir ninguna oferta. Secoex SA y Sicor Seguridad El Corte Inglés SA retiraron sus propuestas después de que los sindicatos anunciaran que interpondrían demandas colectivas para reconocer el derecho de subrogación de los trabajadores de la última contrata a la que se adjudicó el servicio (Ombuds) -en liquidación tras solicitar el concurso voluntario de acreedores- si no se hacían cargo de los mismos.

Interior invitó a participar a una decena de empresas del sector (Clece Seguridad SAU, Ilunion Seguridad SA, Prosegur Soluciones Integrales de Seguridad España SL, Sabico Seguridad SA, Securitas Seguridad España, Transportes Blindados, Servisecur Vigilancia Privada SL, Innovative Security Concepto, Secoex y Sicor Seguridad El Corte Inglés) pero tan solo cuatro (Transportes Blindados, Servisecur Vigilancia Privada, Secoex y Sicor) presentaron la documentación exigida en el pliego de condiciones que reguló el concurso.

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El pasado 17 de junio, la mesa de contratación propuso encargarle a Sicor el lote correspondiente a los centros correspondientes a Castilla-La Mancha y parte de los de Madrid -el presupuesto de licitación ascendió a 3.159.583,46 euros- y a Secoex el de las prisiones de Extremadura y resto de las de Madrid (el importe máximo era de 2.160.847,04 euros). A finales de la semana pasada, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, firmó la resolución por la que se declara desierto el procedimiento de licitación.

Es el cuarto intento del Ministerio en el último año y medio para intentar adjudicar los servicios de apoyo a la seguridad exterior en los centros penitenciarios de estas tres comunidades autónomas. El hecho de no haberlo logrado ha obligado a la Guardia Civil a destinar a agentes a la realización de estas funciones.

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