Garantizar el empleo en prisiones debe convertirse en elemento principal de las partes en la adjudicación de prisiones.

El concurso que debía adjudicar la seguridad privada de las prisiones dispuestas en distintas zonas del territorio español finaliza una vez más con la retirada de las empresas de seguridad que han sido adjudicatarias y que definitivamente han renunciado a prestar sus servicios. 

Una vez más el Ministerio de Interior fracasa en el concurso de su competencia que debía adjudicar los servicios de seguridad en las prisiones de Madrid, Castilla La Mancha y Extremadura, tras la caída en suspensión de pagos de la tercera empresa de seguridad en volumen de este país que supuso poner en riesgo de continuidad en su puesto de trabajo a 8.000 trabajadores del sector.

UGT ha venido trasladando a responsables de Interior la necesidad de afrontar una adjudicación que con independencia de lo sucedido con Ombuds buscara elementos para mantener el empleo de los más de cien vigilantes que se vieron apartados del servicio en prisiones y que desde Interior se ha intentado dilatar el concurso para que las empresas de seguridad evitaran tener que proceder a su subrogación según consta en el convenio de aplicación.

A esta situación se añade el cambio de Doctrina del Tribunal Supremo donde la empresa entrante en caso de subrogación de trabajadores debe asumir las deudas contraídas por la anterior empresa en este caso Ombuds situación que unida a bajos precios de adjudicación de servicios que en forma genérica realiza la administración pública aparta a las empresas de participar en los concursos, en el caso de Prisiones en dos ocasiones quedo desierto y en esta ocasión y debido previsiblemente a tener que asumir deudas de personal lleva a las empresas adjudicatarias a renunciar al contrato.

UGT nuevamente mantiene su postura en cuanto a que la proliferación de bajos precios en materia de contratación de servicios, unida a malas prácticas realizadas por ciertas empresas del sector y la continua falta de sensibilidad del Gobierno en un tema tan sensible como la seguridad privada en este país, no puede resolverse dejando a más de cien trabajadores de prisiones en desempleo cuando precisamente estos no son responsables de ninguna de las causas toxicas que concurren en el sector y que desde la administración y desde la responsabilidad en este caso de Interior no son capaces de afrontar.