Los investigados hacían labores de control en una finca de Setenil de manera irregular. Utilizaban armas y perros de presa en las patrullas que realizaban

Durante la intervención, creyeron que los agentes que entraban a detenerlos eran ladrones

Operación policial contra el instrusismo profesional en el ámbito de la seguridad privada. Agentes de la Policía Nacional de Cádiz detenían hace unas semanas a un persona como presunto autor de un delito contra la Administración Pública y por tenencia ilícita de armas que, según la investigación, estaba realizando tareas de vigilante privado de manera irregular en una finca agrícola de Setenil de las Bodegas.

Imagen de lavozdigital.es

Según ha podido saber este periódico, los investigados, un ciudadano español y otro alemán, prestaban este servicio de vigilancia en dicha explotación de forma ilegal, careciendo además de contrato de trabajo. En el marco de la investigación, los policías comprobaron como, sin contar con los permisos pertinentes, realizaban patrullas, armados y acompañados en ocasiones de perros de caza. Tanto en el interior como en los alrededores de la finca.

Al comprobar estos hechos, los agentes pusieron entonces en marcha un operativo policial para pillarlos in fraganti. Tanto es así que, en el momento de la entrada, los investigados llegaron a creer que los agentes eran ladrones dándose la orden de que les soltaran los perros.

Finalmente pudieron interceptarlos y se les ha intervenido varias armas como dos pistolas, una defensa elétrica, y diferentes equipamiento y efectos que usaban. El ciudadano español fue detenido y puesto en libertad con cargos, mientras que el alemán, que está en posesión de una licencia de armas tipo “f” (tiro deportivo) se enfrenta a una sanción administrativa por intrusismo conforme a la Ley 5/2014 de Seguridad Privada y a una multa de hasta 30.000 Euros.

Se debe recordar que la prestación de servicios de seguridad por empresas no autorizadas y el desempeño de las funciones de vigilancia y protección por personal no habilitado, se encuentra severamente castigado en la referida Ley de Seguridad Privada con multas que en los casos más graves, para las empresas, oscilan entre los 30.001 y los 600.000 Euros y pueden conllevar la inhabilitación para el ejercicio de su actividad mercantil. En el caso de las personas físicas no habilitadas que los presten la cuantía de las sanciones por intrusismo van desde los 6.001 a los 30.000 Euros. Asimismo estas multas se pueden hacer extensivas a los usuarios de los servicios de las empresas no autorizadas y del personal no habilitado.

Fuente: https://www.lavozdigital.es/cadiz/provincia/lvdi-operacion-policial-contra-unos-vigilantes-seguridad-piratas-sierra-cadiz-202010131919_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.es%2F#