• La sentencia de la Sala de lo Social concluye que la gratuidad que impone la ley no debe limitarse a lo económico.

La Audiencia Nacional ha establecido que las revisiones médicas de empresa deben computar como tiempo de trabajo. Una sentencia de la Sala de lo Social interpreta que la gratuidad que la ley impone para este tipo de actuaciones debe entenderse más allá de lo estrictamente económico. Los magistrados sostienen que tampoco puede tener otros costes para el empleado, como el de ocupar parte de su tiempo de ocio.

La sentencia da la razón a varios sindicatos que se unieron para recurrir la decisión de una empresa de seguridad que fijaba los exámenes fuera del horario de trabajo. La empresa alegaba que los reconocimientos no son obligatorios -salvo excepciones- y que computarlo como tiempo de trabajo supondría discriminar a quienes optaban por no someterse a las pruebas, “dado que tendrían que realizar más horas de trabajo”. Y añadía que “es indiscutible que el tiempo dedicado a los reconocimientos médicos no tiene nada que ver con el contenido de la relación laboral”. La empresa resaltaba que ni la ley ni las resoluciones judiciales dictadas hasta ahora prevén que deban hacerse como reclamaban los trabajadores.

Los magistrados, sin embargo, respaldan la postura de los trabajadores. “Cabe concluir que, a pesar de la ausencia normativa y reglamentaria, o de previsión explicita respecto de la temática, los reconocimientos médicos, a pesar de su voluntariedad, nunca deben suponer una carga, coste o consecuencia negativa y perjudicial para el trabajador, por lo que generalmente deben realizarse dentro de la jornada laboral”. “Y cuando se realicen fuera de ella”, prosiguen, “su tiempo invertido deberá ser tenido en cuenta como tiempo efectivo de trabajo”.

Tras repasar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el tribunal considera “evidente que el coste de esas medidas relativas al reconocimiento médico que constituyen la realidad de la seguridad y salud en el trabajo nunca pueden recaer en los trabajadores”. “Tales reconocimientos médicos en modo alguno pueden suponer algún tipo de consecuencia, perjuicio o evidencia de carga, más allá de la económica o crematística, luego tampoco la social de repercusión de tiempo de actividad ajena a la profesional y de dedicación laboral. Quiere decirse que el principio de gratuidad que impone [la ley] lo interpretamos no solo desde el punto de vista estrictamente económico, sino también social, al objeto de que se traduzca en una verificación de inexigencia de tener que soportar la realización de dicho reconocimiento médico, por mucho que sea voluntario o condicionado, a una realización coyuntural fuera de la jornada y tiempo de trabajo”.

La sentencia, de la que ha sido ponente la presidenta Emilia Ruiz-Jarabo, aún es recurrible ante el Tribunal Supremo. Fue notificada el pasado 2 de marzo, con la epidemia de coronavirus ya en España. No incluye referencias a esa circunstancia, pero su criterio podrá aplicarse a los análisis médicos que, previsiblemente, se activarán tras la reactivación plena de la actividad económica.

Fuente: elmundo.es

Pinchar AQUÍ para descargar sentencia completa.