• Entiende que esta práctica conlleva un tratamiento ilícito de datos personales.

La Audiencia Nacional ha obligado a la empresa de seguridad Securitas a que deje de solicitar a sus trabajadores un certificado de antecedentes penales, al entender que esta práctica conlleva un tratamiento ilícito de datos personales que sólo pueden ser gestionados por las autoridades.

En la sentencia, conocida este miércoles, la sala de lo Social da la razón al sindicato profesional de seguridad privada Alternativa Sindical, y explica que de la normativa que rige este tipo de servicios “no cabe inferir en modo alguno que las empresas de seguridad estén facultadas para recabar datos referentes a condenas penales de los vigilantes”.

Los magistrados inciden en que las compañías no tienen “ninguna intervención” en la gestión y expedición de la tarjeta de identificación personal, esto es, en la habilitación de un empleado como vigilante de seguridad, al tratarse de una “competencia atribuida al Ministerio del Interior.las compañías no tienen “ninguna intervención” en la gestión y expedición de la tarjeta de identificación personal

Habrá de ser, por tanto, la Dirección General de Policía la que, “a través de los órganos correspondientes”, deba recabar y verificar los datos “tanto para la inicial expedición de la misma (la tarjeta), como para el mantenimiento de ésta durante su vigencia”.

Así pues, prosiguen, la intervención de la empresa de seguridad se limita “únicamente” a comunicar las altas y las bajas de su personal al registro nacional, a fin de que las autoridades competentes comprueben si el trabajador está habilitado o no.

Fuente: 20minutos.es