• OMBUDS inicia el proceso que pondrá fin a su actividad en el sector de la seguridad privada en España mediante un ERE y un ERT.

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En reunión mantenida hoy en Madrid con representantes sindicales, el administrador concursal inicia el procedimiento de liquidación definitiva de la empresa abriendo el plazo para la constitución de una mesa que abordara según lo estipulado legalmente el proceso de extinción.

En el mes de agosto de 2019, la Mercantil OMBUDS presento concurso afectando y en consecuencia poniendo en riesgo la continuidad laboral de 8000 trabajadores y trabajadoras en nuestro país.

Desde el inicio tanto UGT como CCOO pusieron en el centro del debate a las personas encaminando su acción sindical hacia la necesidad de que las trabajadoras y trabajadores no dejaran de percibir el abono de sus nominas durante un proceso concursal que como todos los que se producen son complicados y largos en el tiempo. OMBUDS ha venido abonando las nominas garantizando en la reunión de hoy seguir en esa dirección como mínimo hasta el mes de abril de 2020

Otro de los puntos a tratar con celeridad era que los trabajadores y trabajadoras no vieran como se eterniza el cobro sobre lo adeudado por parte de FOGASA situación que en estos momentos se está empezando a regular

El traspaso de servicios de clientes privados se ha venido desarrollando por vía natural y con seguridad en estas fechas se va a seguir realizando, los clientes privados pueden resolver sus contratos con mayor agilidad que la administración publica y ello conlleva a que en la actualidad un numero importante de trabajadores y trabajadoras de OMBUDS han encontrado el mantenimiento del empleo en otras empresas gracias a la cláusula de subrogación dispuesta en el convenio estatal de seguridad privada.

En relación a los contratos públicos como ya anticipo UGT y CCOO al inicio del conflicto, no disponen de una agilidad en cuanto a dejar sin efecto los mismos. Pese a las tentativas realizadas desde otros ámbitos sindicales e incluso ante convocatorias de huelga los contratos de la administración siguen vigentes y esta acción sindical no ha sido capaz de dar una respuesta de empleo a los trabajadores y trabajadoras afectados. Esta situación se agrava al observar que los servicios de seguridad dependientes de la administración fueron adjudicados a bajo precio ello unido a la Sentencia del Supremo donde las empresas adjudicatarias deberán hacerse cargo de las deudas contraídas por OMBUDS en materia tributaria y de seguridad social avalada por la abogacía del estado, impone elementos que como ya avanzábamos y así se ha confirmado introduce factores negativos para el concurso de empresas en este tipo de servicios de seguridad, situación que se ha producido en Prisiones y que pudiera extenderse en Metro Madrid, Correos, EMT y algún otro servicio contratado con la administración pública.

Tanto UGT como CCOO va a seguir poniendo en el centro del debate a las personas tanto en el abono de las nominas como en el mantenimiento de la empleabilidad de todo el personal posible que actualmente presta sus servicios en OMBUDS y OMBUDS SERVICIOS cifrado en aproximadamente 2000 trabajadores y trabajadoras en el territorio nacional. Para ello se han solicitado sendas reuniones con el Ministerio de Interior y el Ministerio de Empleo, así como con las direcciones de los principales clientes de OMBUDS en las administraciones que como ampliación a las ya mantenidas durante el pasado mes de agosto avancen en cuanto a la búsqueda de soluciones desde el objetivo de la empleabilidad.

Una vez mas destacar que la situación ahora sucedida en OMBUDS y en los últimos años en demasiadas empresas de seguridad privada, deja al descubierto una situación fallida e el sector de la seguridad privada en España, donde han prevalecido las adjudicaciones a bajo precio, con la complicidad de usuarios, administración, empresas y propio Gobierno, golpeando la empleabilidad así como avanzando hacia un modelo de sector caracterizado por el incremento de empresas orientadas en las malas practicas sociales, laborales y de propia calidad de los servicios ofertados, esta situación merece una revisión del propio modelo de seguridad privada en nuestro país, como así se viene solicitando al Ejecutivo.