• El comisario Lenin conocía que la empresa Ombuds estaba en situación de quiebra, pero no sacó una licitación de urgencia para sustituirla y ahora la oferta ordinaria ha quedado desierta.

Un error en las altas esferas del Ministerio del Interior ha provocado un terremoto en la seguridad de las prisiones de la Comunidad de Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha. El máximo responsable del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, el comisario José Antonio Rodríguez González, conocido en la Policía Nacional como ‘Lenin’, convocó con los tiempos muy ajustados el concurso que adjudica la seguridad privada de los centros penitenciarios de toda España. El retraso provocó que los candidatos no tuvieran margen para organizarse y que, por lo tanto, el concurso quedara desierto.

El servicio lo ha venido prestando hasta ahora la mercantil Ombuds, que durante tres meses estuvo sin pagar a sus trabajadores por la enorme deuda que la sociedad había asumido al adquirir otras dos empresas de seguridad meses antes. Tras entrar en concurso de acreedores, volvió a abonar las nóminas de los vigilantes, que hoy por hoy están yendo a trabajar, pero que durante meses dejaron de cubrir las horas extra, lo que obligó a la Guardia Civil a asumir algunas de las tareas que eran competencia de Ombuds durante un tiempo. La deuda de esta última, además, hacía poco interesante la licitación, dado que la mercantil que sustituyera a esta empresa debía subrogar a todos los trabajadores y asumir esa gravosa herencia del servicio dejado por su antecesora.

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