El martes, mientras todo el país estaba pendiente del inicio del juicio del ‘procés’, a escasos metros de la sala del Tribunal Supremo pasaron casi desapercibidos cientos de funcionarios de prisiones manifestándose tras una pancarta azul: ‘Las prisiones, en huelga’. El próximo lunes, los vigilantes de seguridad privados que también trabajan en las prisiones harán lo propio para intentar que el Ministerio del Interior tome una decisión. ¿Mantener 900 puestos de trabajo privado o mejorar el sueldo de los funcionarios públicos?Es el dilema al que se enfrenta el gabinete que dirige Fernando Grande-Marlaska, que lleva varios meses intentando hacer malabares con el presupuesto destinado a las cárceles españolas.

“Están jugando con el pan de un millar de familias de compañeros que realizan la seguridad perimetral de las prisiones para subirles a los funcionarios 125 euros mensuales, cuando ya cobran 1.600 netos al mes, manda narices”, asegura a este diario un vigilante privado que trabaja en la cárcel de Valladolid. Las 68 prisiones españolas en las que se utiliza seguridad privada se han convertido en un escenario de guerra fría entre trabajadores. Algo que, como explica Diego Giráldez, responsable federal de Seguridad Privada de UGT, es contraproducente. “Esto lo que no puede generar nunca es una guerra entre trabajadores. Nosotros defendemos una complementariedad que está perfectamente instaurada”, explica Giráldez, que cree que las peticiones de los funcionarios de prisiones son “perfectamente lícitas” y que son los gobiernos y los políticos quienes “utilizan la seguridad privada como moneda de cambio”.

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Funcionarios de prisiones llevan meses pidiendo una mejora de sus condiciones laborales. (EFE)

Este sistema mixto de trabajadores públicos y privados empezó a funcionar en 2016, cuando las prisiones tuvieron que tirar de vigilantes externos ante la falta de oferta de plazas públicas para mantener la seguridad que se encontraba en niveles extremos de alerta. “Si vas a un ministerio hay vigilantes, si llegas a un aeropuerto de Aena, también”, dicen desde UGT, “nosotros creemos que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado deben dedicarse a la seguridad ciudadana y no entrar en estas tareas de vigilancia, en las que se ha demostrado que esta complementariedad funciona”.

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